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Cuando se quiere analizar el impacto en la Economía de los aumentos al salario mínimo, que se han venido aplicando desde que Morena entró al Gobierno Federal, únicamente se hace correlacionándolos con los aumentos en la inflación de precios al consumidor, que como lo he comentado en notas anteriores, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) NO es un buen indicador del aumento en los precios para la población.
Lo anterior es debido a que la canasta que se utiliza para esta medición, solo incluye artículos de consumo “popular” porque está construida para ser representativa del consumo de un hogar con ingreso “promedio”, bastante bajo, y además porque el Gobierno Federal activamente busca controlar de alguna de manera el incremento en los precios de algunos de estos artículos, para atenuar los aumentos en la inflación.
El mecanismo de transmisión de los mayores salarios hacia los precios al consumidor, debe venir por el efecto de los mayores costos de producción, asociados a los pagos al factor trabajo, en el porcentaje en el que participen dentro del costo total.
Si revisamos los aumentos decretados al salario mínimo, que era de $88.36 pesos por día a fínales de 2018, ya para 2026 es de $305.04 pesos diarios, el aumento lo ha multiplicado por 3.6 veces, es decir, el salario mínimo ha aumentado 260% en siete años, sin un aparente impacto en los precios al consumidor.
La explicación a esto, además de que el INPC solo registra aumentos en productos muy básicos.
Es porque casi nadie ganaba un salario mínimo en 2018, y revisando los datos de los salarios de cotización de los trabajadores inscritos al IMSS, se encuentra que solo el 0.3% del total de asegurados, cotizaba en salario mínimo, y esto porque trabajaban jornadas reducidas, no porque en realidad devengaran un salario mínimo, ya que todos sabíamos que con ese salario, nadie podía vivir.
Como los gobiernos anteriores, que vivieron las crisis devaluatorias de los años ochenta y la de 1995, usaron al salario mínimo como “ancla” antiinflacionaria, su monto perdió poder de compra de manera importante, al grado que se hizo inaplicable, ya que nadie se contrataba por ese salario, porque no alcanzaba ni para comer.
Se sabía que era necesario incrementarlo de manera importante, para que volviera a ser realmente un salario mínimo aplicable, pero el uso del salario mínimo para determinar muchas otras cosas, como multas, pago de derechos, etc.
Requería que primero se “desligara” de estos cobros, lo que se consiguió con el establecimiento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual arrancó en 2016 para desvincular al salario mínimo de estos cobros y así poder incrementarlo sin que se aumentaran automáticamente estos cargos.
De tal suerte, técnicamente, ya desde 2017 se podría haber aumentado el salario mínimo sin problemas.
De tal suerte, técnicamente, ya desde 2017 se podría haber aumentado el salario mínimo sin problemas.
Pero por alguna razón el gobierno de Peña Nieto no lo hizo, y López Obrador lo vino a aprovechar, iniciando los fuertes aumentos al mínimo a partir de 2019.
Como ya se comentó, en 2018 nadie realmente ganaba el mínimo, por lo que los primeros aumentos no tuvieron un impacto sensible en el costo del trabajo, pero al mantenerse año con año los aumentos, incluso superiores al 20%, terminaron por impactar a los patrones, y empezó a reducirse la generación de nuevos empleos formales, y a crecer el empleo informal.
De hecho, durante 2024 y 2025, ha ocurrido lo que nunca antes había pasado en la historia del IMSS, que se redujera el número de patrones en dos años consecutivos, cosa que no había ocurrido ni en la crisis económica de 2008 ni en la pandemia, evento que debe tener correlación positiva con los aumentos al salario mínimo.
Adicionalmente, la dinámica en la generación de nuevos empleos formales afiliados al IMSS, ha perdido dinamismo de manera importante desde el sexenio de López Obrador, agudizándose en los dos últimos años, en 2024 y 2025.
Donde la generación de nuevos empleos formales afiliados al IMSS ha sido de solo 214 mil y de 270 mil nuevos empleos, promediando en los 7 años de gobierno de Morena, menos de 350 nuevos empleos por año, cuando el crecimiento de la fuerza de trabajo demanda anualmente no menos de 750 mil nuevos empleos.
Esto pone de manifiesto que presumir la baja tasa de desempleo abierto que registra el INEGI, es un falso logro, ya que la mayor parte de los nuevos empleos, se están generando en la economía informal, en buena medida por los altos costos del empleo formal, auspiciado por los aumentos al salario mínimo.
Ciertamente, la caída en la inversión y el casi nulo crecimiento de la economía, también inciden en la baja generación de nuevos empleos, pero el traspaso de trabajadores a la economía informal, y la reducción en el número de patrones, solo se explica por el alto costo del empleo formal y los aumentos al salario mínimo.
Sin duda, el salario mínimo estaba rezagado en su poder adquisitivo.
Pero no en un 260%, quizás en un 100%, por lo que llevar los aumentos a esos porcentajes, sin duda repercute de manera negativa en el costo de la mano de obra.
Finalmente, el porcentaje de participación del factor trabajo, dentro del PIB, de ser un 26.7% en 2018, para 2025 se ubica en 30.4%, por lo que los aumentos al mínimo, de alguna manera sí han presionado a la alza a todos los salarios, lo que confirma el encarecimiento del factor trabajo, el cual, no hay evidencia que esté asociado a una mayor productividad.
La teoría económica establece que el salario debe ser igual al valor producto marginal del factor trabajo, y establecerlos por decreto, nunca ha sido recomendable, ya que termina por perjudicar a los trabajadores, si los salarios no se asocian a la productividad.
Lo cual parece estar ocurriendo ya en México, llevando el populismo económico a niveles inconvenientes.
